Me pregunto en estos días qué fuerza misteriosa le permite al gobierno aprista imponer una agenda propia, como ocurrió durante el periodo 1985-1990, pero careciendo hoy de las columnas de representación con las cuales hizo y deshizo del país en esa etapa.

Porque es bueno recordar siempre que esta segunda administración de Alan García no goza de una mayoría parlamentaria ni su partido obtuvo triunfos significativos en las últimas elecciones regionales y municipales. La primera sí recibió el holgado favor de senadores y diputados a sus dicktat y coordinó ventajosamente con los gobiernos locales gracias a que el PAP barrió en los comicios de 1986, teniendo a Jorge del Castillo como su alcalde más emblemático al frente de la comuna de Lima.

¿Cómo puede ahora embarcarse con relativo éxito en tareas que para algunos sobrepasan los caminos casi lógicos de la deliberación colectiva y el consenso sectorial (reducción del sueldo de alcaldes, fusiones y absorciones de entidades públicas, drástico recorte de gastos en el Estado, reforma magisterial, etc.)?

La respuesta se orienta por varios ángulos, pero lo esencial es que García sabe extraer clara ventaja de la aún inconclusa recomposición institucional del Perú, cuyo proceso se inició tímidamente tras la caída del régimen corrupto de Alberto Fujimori y ahora sigue dando tumbos como suele ocurrir luego de los ciclos dictatoriales.

La intermediación política continúa devaluada en nuestro medio. No hay partidos ni instituciones públicas irreversiblemente sólidas y cada vez priman con exceso los caudillismos. Siendo el más contundente el de nuestro actual mandatario – Ollanta Humala y Lourdes Flores se deslizaron con facilidad de la tragedia a la comedia – sólo le basta el influjo del calor popular para que sus propuestas sean consagradas como normas inmutables, reconocibles y aplaudidas por el soberano.

Pobre el destino de los alcaldes que quieren justificar sus aparentes buenos sueldos formulando atingencias constitucionales. Fatal el eco nulo de aquellas cabezas de instituciones fusionadas o absorbidas que intentan preservar su singularidad. Contrita la reacción de los dueños de las AFP ante la mediatizada libre desafiliación.

Describo una circunstancia fáctica que de ninguna manera aplaudo. Por el contrario, llamo a la reflexión sobre los riesgos de legitimizar este curso político que, a la larga, terminaría convirtiéndose en una versión corregida y aumentada del fujimorismo. Vale más prevenirlo que lamentarlo.