De manera notable y cada cierto tiempo, el principio democrático de la separación de poderes se pone a prueba en nuestro país. Aquella teoría incubada por la ilustración del siglo XVIII y particularmente promovida por el barón de Montesquieu en su obra "Del Espíritu de las Leyes", mediante la cual el poder debe dividirse en órganos (ejecutivo, legislativo y judicial) sujetos a mutuos balances y equilibrios.

Aunque los próceres de nuestra independencia estuvieron imbuidos de esta corriente progresista del pensamiento político y muchos peruanos han pugnado por su consagración definitiva en el modo de vida de la nación, los caudillismos, las corruptelas y las dictaduras han terminado caricaturizándola hasta niveles en los que ya prácticamente es imposible reconocerla.

El experimento más patético y cercano de lo dicho, lo constituye sin duda el autogolpe del 5 de abril de 1992. Aunque se desgañiten quienes sigan identificando esa medida como una necesidad pública – dado el desmadre que vivía el país – el avasallamiento del Congreso y del Poder Judicial por parte del Ejecutivo acarreó lo que la lógica de la historia enseñaba: la consolidación de un proyecto político autoritario, totalizador y corrompido hasta la médula.

Es posible que se repitan escenarios en los que el sistema democrático evidencie sus fallas e insuficiencias. Pero mientras la movilización social le ajuste cuentas a dicho sistema por las vías de la ley; mientras los poderes funcionen independientemente y combinen sus esfuerzos para afrontar causas comunes en provecho de la ciudadanía, siempre tendremos garantizado el ejercicio de una libertad que nos permita corregir el rumbo.

Hoy tenemos un buen ejemplo en el caso de las facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo al Parlamento para legislar contra la criminalidad y a favor de la seguridad ciudadana. Donde algunos diarios observaron un choque de poderes – porque ciertos congresistas, incluso oficialistas, adelantaron sus reparos a apoyar esa medida – la sensatez política halló un cauce razonable para su aprobación, a través de una comisión mixta encargada de elaborar los proyectos de ley.

Separación y no choque de los poderes públicos: esta es una aspiración ciudadana para confiar en nuestros dirigentes. ( cesarcamposlima@yahoo.com)