El gobierno se ha entrampado en un nuevo y sensible problema de comunicación, debido al encargo del presidente de la República para que el Ejecutivo proponga un esquema de concertación entre empresarios y trabajadores, destinado a establecer un pacto social respecto a salarios, productividad y empleo.

Pese a la sobriedad de los objetivos de tal anuncio, la dimensión del concepto "pacto social" hizo que – con razón – se demande precisiones en torno a su verdadera finalidad y sus límites diferenciales con otros foros de diálogo comunitario. El nombramiento del destacado jurista y ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, como Director Ejecutivo de esa iniciativa, no aplacó sin embargo las interrogantes que fueron creciendo alrededor de la misma.

Luego de cuatro días de confusas explicaciones, el propio García Toma le ha otorgado un rumbo mucho más claro al tema. Primero, que el pacto social no será un cajón de sastre para almacenar toda clase de reclamos. Segundo, que sólo se ocupará de hacer aterrizar las perspectivas marcadas en el Acuerdo Nacional. Y tercero, que corresponderá al ministerio de Trabajo concertar previamente el asunto del salario mínimo porque es una atribución consignada en su ley orgánica.

Disipadas las brumas sobre este punto, el Ejecutivo debería más bien estimular previamente otro tipo de acuerdo básico, cuya afirmación fue presentada por Alan García en el discurso del 28 de julio como consecuencia de las acciones de austeridad, descentralización, promoción del crecimiento, redistribución y presencia en el plano internacional.

Me refiero a la identidad que todos los actores sociales deben mantener con el Estado democrático, lo cual implica el más absoluto respeto a la ley y al orden. No será posible avanzar un ápice en ningún escenario de concertación, si por lo bajo alguna de las partes socava el orden jurídico, ampara la destrucción de los bienes públicos y privados, o se zurra en las normas que sancionan las conductas irresponsables (como aquellos miembros del magisterio que pretenden cobrar por los días no trabajados).

Si esos actores no hablan el mismo idioma pacífico y constructivo de la gran mayoría de peruanos – el cual no implica renunciar a la defensa de los derechos o callar frente a los abusos – jamás se cumplirán las metas de acuerdo alguno. Tal es el pacto esencial que debe firmarse antes que nada. ( cesarcamposlima@yahoo.com)