6 años de prisión por allanamiento ilegal
El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha sido condenado a 6 años de prisión efectiva por la Vocalía Suprema de Instrucción del país andino por el caso del allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex asesor, Vladimiro Montesinos.
Además, se condenó a Fujimori al pago de 400.000 nuevos soles (133.000 dólares) en concepto de reparación civil al Estado.
Esta es la primera condena en firme que recibe el ex jefe de Estado (1990-2000) desde su extradición de Chile, el 22 de septiembre, para afrontar juicios por dos delitos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.
Al conocerse la sentencia, que se cumplirá el 21 de septiembre de 2013, el ex gobernante anunció que presentará un recurso de apelación parcial a la condena y a la reparación civil impuesta.
El tribunal consideró probado que el 7 de noviembre de 2000, después de que Montesinos huyera de Perú tras difundirse unos vídeos que confirmaban su implicación en actos de corrupción, Fujimori ordenó a un grupo de la policía, encabezado por un falso fiscal, que revisara la casa de Trinidad Becerra, esposa Montesinos.
También ordenó la entrada en otro piso del mismo edificio, ubicado en el distrito capitalino de San Isidro, de donde se extrajo una gran cantidad de maletas y cajas que fueron retirados del lugar sin ser inventariadas ni levantarse un acta, las que fueron entregadas al ex presidente.
Fujimori: “Soy inocente y no acepto la acusación”
Durante su intervención el ex mandatario fue llamado al orden por el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín.
El ex mandatario aseveró, con la voz en alto, no ser responsable de la violación de derechos humanos en su gobierno, sino que por el contrario defendió los de la población peruana frente al terrorismo.
“A raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos graves los condeno, pero no fueron orden de quién habla”, manifestó en su defensa.
El ex mandatario aseguró que en 1990, al asumir la presidencia de la República, el país estaba casi en colapso.
“Con el país desangrándose, 50 por ciento del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las fuerzas armadas sin armas”, anotó.
Tras llamarlo al orden, el presidente de la Sala, César San Martín, le recordó a Fujimori que tiene que respetar las directivas del tribunal y limitarse a pronunciarse puntualmente de los cargos que se le imputan.
“Acusado Fujimori, aquí mando yo. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal, hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas y al final hacer toda la exposición que tiene por conveniente”, expresó San Martín.
Tras disculparse ante la sala por este hecho, Fujimori pidió admitir sus declaraciones en el proceso que se le sigue.
“Yo agradezco por haberme dado esta oportunidad de exponer brevemente lo que va a hacer mi defensa que naturalmente será en base a pruebas y no en base indicios o sospechas y presunciones”, refirió Fujimori.
Keiko Fujimori justifica que su padre alzara la voz para alegar inocencia
Argumentó que resulta comprensible que su padre haya reaccionado de forma airada y con un alto tono de voz frente a las denuncias de la fiscalía, lo que ocasionó que los miembros de la sala lo llamaran al orden.
Keiko dijo que la reacción de su padre es sólo una prueba de la energía que usará en todo el proceso, para defender su presunta inocencia, y para subrayar que la política antiterrorista seguida por su gobierno respetó los derechos humanos de todos los peruanos, y trajo la pacificación del país.
La parlamentaria refirió, de otro lado, que si bien mantiene sus dudas sobre la imparcialidad de la sala, consideró que por lo menos en esta audiencia las cosas se han desarrollado con normalidad.
Sin embargo, agregó que los fujimoristas estarán atentos y vigilantes para denunciar cualquier violación al debido proceso.
“Vamos a estar muy atentos, en todo caso, si se violara algún derecho de mi padre, si no se respetara el debido proceso, levantaremos la voz y haremos respetar los derechos de Alberto Fujimori”, declaró.
Insistió en la existencia de una supuesta presión mediática que podría influir en los magistrados de la sala para condenar a Fujimori, pero negó que del lado del fujimorismo pretenda hacer lo mismo.
Si los fujimoristas salimos a las calles, dijo, no es para influenciar, sino para defender los derechos de Fujimori.
La audiencia en la sala de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional se encuentra en un receso, y se reanudará a las tres de la tarde.
Del Castillo entre nuevos citados en juicio a ex presidente Fujimori
Jorge del Castillo, César Barrera Bazán, Alberto Pinto Cárdenas y Pablo Acha declararán por el caso del secuestro del periodista Gustavo Gorritti tras el autogolpe de 1992.
La Sala Penal Especial, en el marco del histórico megajuicio a Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad que se le imputan, admitió esta mañana a cuatro nuevos testigos presentados por la parte civil contra el ex presidente en el caso del secuestro del periodista Gustavo Gorritti en los sótanos del Sistema de Inteligencia del Ejército (SIE) luego del autogolpe de Estado de 1992.
El actual premier Jorge del Castillo, el ex ministro aprista César Barrera Bazán y los oficiales del Ejército Pablo Acha y Alberto Pinto Cárdenas deberán prestar su declaración en el proceso contra Fujimori por este caso. El tribunal consideró relevantes escuchar los testimonios de todas estas personas debido a que tuvieron directa participación con las detenciones a opositores que se sucedieron tras el autogolpe.
Los dos primeros de los mencionados fueron intervenidos por los militares, mientras que los otros, por haber sido parte del SIE estaban al tanto de estas acciones. "El aporte de estos testimonios permitirá probar que mientras Fujimori anunciaba por televisión el autogolpe se desarrollaba un operativo para detener opositores", dijo el abogado Carlos Rivera, abogado de la parte civil.
El pedido de la parte civil fue respaldado por el Ministerio Público, que aclaró que Pinto Cárdenas ya había sido admitido como testigo por la fiscalía, mientras que la defensa legal de Fujimori, a cargo de César Nakazaki, pretendió que el tribunal rechace esta solicitud alegando que no tiene pertinencia pues estos testimonios no aportarán elementos para probar que su defendido fue el que ordenó los secuestros.
Sin embargo, el vocal San Martín, para argumentar la admisión de estos testigos, señaló que la relevancia de este caso se da por la forma y las circunstancias, y en esa línea se considera que los testimonios de quienes fueron privados de su libertad son importantes en el juicio oral.
El tribunal supremo también incorporó al proceso nuevas pruebas documentales y a nuevos testigos técnicos solicitados presentados por la parte civil(peru21.com).
